La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, reflexiona sobre el sistema de protección de la infancia, tras anunciar ayer la refundación de la DGAIA y la puesta en marcha de más mecanismos de control.
¿Con la transformación radical que ha anunciado hoy (por ayer) de la DGAIA considera que casos como el de la niña víctima de un pederasta será más difícil que se repitan?
Creo que será más difícil que casos como este vuelvan a suceder. Lo que queremos es reforzar tanto la calidad de la atención en los centros como promover que los menores estén bien atendidos por sus familias. Hay muchas que podrían enderezar su vida y hacerse cargo de sus hijos con mayor seguridad si se hace un trabajo comunitario y de apoyo psicológico. La nueva colaboración con los Mossos d’Esquadra nos debe permitir ser más proactivos en las redes sociales para poder identificar a potenciales depredadores.
¿Le constan más abusos?
Tenemos constancia de que desgraciadamente hay muchos menores tutelados que, en algún momento de su vida, han sufrido abusos sexuales, pero la inmensa mayoría los han padecido en la etapa anterior a la tutela. El sistema no es infalible.
Monica Martinez Bravo, consellera de Drets Socials, fotografiada este lunes por 'La Vanguardia'
“Todavía colaboramos con las fundaciones investigadas, hay un contrato vigente”
¿Se ha planteado que sea un juez quien declare la situación de desamparo de un niño?
El modelo de desamparo, que es estatal, es istrativo, no judicial. Podemos reflexionar al respecto y, si llegamos a alguna conclusión, elevarla al Gobierno del Estado. Lo que dicen los expertos, y también la Sindicatura de Greuges, es que, con el marco normativo actual podemos dar pasos en la dirección de fortalecer los derechos de los niños y de sus familias en estos procesos de desamparo. Un primer paso sería introducir la figura del mediador; otro, crear comités interdisciplinares para que, en especial en casos difíciles, se tome una decisión colegiada entre la istración, la Abogacía e incluso la Judicatura.
¿Cuál es la relación con las fundaciones Mercè Fontanilles y Resilis, investigadas por Antrifrau y la Sindicatura de Comptes?
Todavía tenemos contratos con ambas. El contrato del servicio de valoración de la prestación para jóvenes extutelados sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Luego tendremos que definir una nueva licitación enfocada en las nuevas funciones que tendrán las entidades colaboradoras, mucho más centradas en el asesoramiento, el seguimiento y el acompañamiento de estos jóvenes y menos en el ámbito de la gestión de prestaciones. Asumirlo todo no funciona. Además, la gestión de las prestaciones la puede hacer un algoritmo. Los jóvenes o cualquier ciudadano no deberían tener que avisar a la istración de un cambio que ya está reflejado en las bases de datos.
La consellera, en un momento de la entrevista
¿Siempre se ha externalizado esta función?
Desde el principio, si no me equivoco, ha sido así. Pero es una función que puede automatizarse sin que haya una persona que tenga que tomar la decisión. Así funciona en el Reino Unido.
Ha anunciado un plan de integridad para evitar, según sus propias palabras, los conflictos de intereses y la falta de transparencia. ¿Se han producido situaciones de este tipo?
No necesariamente. Lo que se ha puesto en evidencia es que precisamos unos procesos y unas reglas del juego más claras. La ciudadanía pide que enfaticemos ciertos aspectos de transparencia y de buen gobierno. El 99% de los servidores públicos ya actúan de esta manera, pero no está de más poner negro sobre blanco sobre cómo proceder en ciertas cuestiones.
“El modelo de desamparo, estatal, es istrativo, no judicial”
¿Prevén poner más filtros para evitar casos como el de las fundaciones que presuntamente cometían irregularidades?
Estamos focalizados en establecer unas normas del juego transparentes y claras, no necesariamente en realizar un cribado de entidades porque hay una normativa sobre la concurrencia a concursos públicos. No podemos decir: “No, no quiero que concurses”, eso iría en contra de la competencia.
El informe del 2024 de la Sindicatura de Comptes respecto a las prestaciones a los extutelados señalaba indicios de delito. En breve emitirá un nuevo informe.
Me consta que próximamente se publicará, que estará centrado en el año 2022 y que identifica cuestiones en las que debemos ser más eficientes. Por eso, en gran medida, hemos impulsado estos cambios. Cuando yo llegué, nos encontramos en una situación bastante preocupante en relación a pagos indebidos relacionados con la renta garantizada de ciudadanía. Entonces, hicimos toda una serie de acciones para reducirlos. Ahora, haremos lo mismo. Diría que hemos ido más allá con el nuevo plan que las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes.
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¿En qué sentido?
Diría que la Sindicatura de Comptes nunca nos dijo: “Saquen la prestación de aquí y llévenla a otra dirección general”. Es verdad, no obstante, que la Sindicatura no puede hacer recomendaciones sobre reconfiguraciones de todo un departamento.
¿Qué porcentaje de menores tutelados regresa con sus familias?
Alrededor del 10%. Hay muchas casuísticas. Hay familias que no pueden dar a sus hijos unos mínimos, como un techo. Pero si se las acompaña pueden encontrar trabajo y un piso y al cabo de un año pueden tenerlos de vuelta. Nuestro objetivo es que durante este período el niño esté bajo la protección de la Generalitat, porque tenemos que avalar su seguridad. Muchas veces, los funcionarios deben tomar decisiones, como devolver los niños con sus familias, y no saben si hay un riesgo grave o moderado. Quiero decir, se basan en las informaciones que tienen, pero siempre te queda un poco la inquietud de si va a estar bien o no. Lo que nosotros necesitamos y lo que los expertos nos dicen es que estas decisiones hay que colegiarlas. No podemos dejar el peso de cometer un error a una persona individual.
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“Las prestaciones las puede gestionar un algoritmo, como en el Reino Unido”
¿Cuál es su respuesta a las críticas por las retiradas de custodia a los padres?
En el 98% de los casos de desamparo que llegan a la vía judicial los jueces confirman que la decisión ha sido correcta, pero es verdad que queda un 2%. No es un gran porcentaje, pero suficiente para ir puliendo el proceso y buscar consensos. Quizás se puede realizar un trabajo previo con las familias, retrasar dos meses por ejemplo una decisión como esta para estar más seguros. Creo que el sistema funciona y no es un desbarajuste, como algunos dicen. Pero hay que ir avanzando, identificar puntos de mejora, hay un 2% de casos en los que el desamparo quizás no era necesario.
¿Qué inversión se prevé para acometer esta transformación? ¿Cuál es el presupuesto de la DGAIA?
Es difícil tener una cifra. Muchos ámbitos de mejora forman parte de negociaciones con los entes locales; por ejemplo, para el despliegue de las EAIA (Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia) . No obstante, el compromiso del president es firme, pondremos los recursos necesarios para realizar esta gran transformación pendiente desde hace muchos años. Ahora el presupuesto de la DGAIA es de 480 millones de euros.
“Hay un 2% de casos en los que el desamparo quizás no era necesario”
¿Cuándo será una realidad la nueva estructura?
Nos hemos marcado dos años para desplegarla, entre el 2026 y el 2027.
