Ana Barreira es abogada especializada en derecho ambiental y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), creado en 1997 con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de España. Hace unas semanas, se subió a un atril en una cumbre que reunió a jueces de Europa y Latinoamérica para insistir en lo que lleva reclamando desde hace 20 años: la formación especializada en medio ambiente y cambio climático en la judicatura española, una “necesidad impostergable” para responder de manera efectiva ante el incremento de reclamaciones y litigios en esta materia.
El diagnóstico es que, a diferencia de otros países, en los que los jueces sí se capacitan, en España las formaciones siguen siendo autodidactas. Por su experiencia, la falta de conocimiento sobre la crisis de cambio climático, de pérdida de la biodiversidad y la contaminación se traduce en “fallos con argumentos muy endebles”. “Este no es un problema de falta de normas. Tenemos una legislación muy profusa en temas de protección del medioambiente. La cuestión es cómo se aplica. Hay un déficit y mucho tiene que ver el desconocimiento”, subraya.
Es clave que los jueces comprendan lo que están juzgando en materia ambiental. Y esto no está pasando...
Ana Barreira en el centro, defiende que la formación de jueces especializados en medio ambiente es una “necesidad impostergable”
“Formación ambiental y climática en el poder judicial: ¿una necesidad o un imperativo?”. Ese ha sido el título de la jornada de IIDMA. ¿Cuál es la respuesta?
Pues las dos cosas, una necesidad y un imperativo. Por la degradación del planeta y porque cada vez hay más ciudadanos que acuden a los tribunales cuando no se aplican las normas de forma correcta. Por tanto, para que los tribunales puedan satisfacer las necesidades de la ciudadanía es esencial que conozcan la problemática en profundidad, al igual que ha pasado en su momento con la problemática de los menores de edad y la violencia de género, con la creación de juzgados especializados. Pero antes de dar este paso, que será necesario, primero tiene que haber conocimiento. En caso contrario, no tiene mucho sentido. La capacitación es una necesidad dado el estado de degradación del planeta. Pero también es un imperativo para que los jueces entiendan aquello que están juzgando. Porque a veces, a lo mejor no es un caso exclusivamente ambiental, pero tiene relación indirectamente con temas ambientales. En resumen: es clave que los jueces comprendan lo que están juzgando. Y esto no está pasando.
¿Qué entendemos por formación climática?
Dentro de la carrera judicial, cuando una persona aprueba las oposiciones para la judicatura, tiene que pasar dos años por la escuela judicial de formación y prácticas. En esos años de formación no hay nada sobre medioambiente, con excepción de que se explica que existe el derecho a un medioambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución). No se trata de un derecho fundamental, sino que es un principio rector de la política económica y social de este país. También un poco sobre el delito contra el medioambiente. Pero hay muchísimas más cosas. Los jueces no tienen que saber solamente las normas. También entender qué es el cambio climático, la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, cuáles son las principales fuentes de gases de efecto invernadero, el vínculo entre las emisiones, la degradación de la biodiversidad y los impactos en la vida de los ciudadanos. Los jueces tienen también formación continua, pero son cursos muy esporádicos, algunos de temas ambientales, pero no es algo que sea atractivo. Se hace online, no van muchos… En fin, que la formación es deficitaria.
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La formación sigue siendo bastante autodidacta en una de las problemáticas globales más acuciantes del siglo XXI
Así es. Esto que estoy reclamando lo hago por experiencia. Hemos perdido casos en los que la argumentación no ha sido nada clara ni concisa. Echamos de menos una argumentación más contundente, sobre todo en el ámbito de lo contencioso istrativo para los poderes ejecutivos. Siempre se aborda la problemática ambiental muy por encima. El tema climático y ambiental no es nada sencillo, sobre todo si hay un litigio de por medio. Por ejemplo, nosotros litigamos hace años contra un plan nacional transitorio de grandes instalaciones de combustión, Tuvimos que explicar los impactos del carbón, las emisiones que tiene, cómo se podrían evitar. Muchas cosas. Yo hace muchos años llevé casos también sobre la contaminación por mercurio del sector de producción de cloro. Les tuve que explicar a los jueces cómo se produce el cloro y cosas que ellos no tienen ni la menor idea. Yo intentaba ser muy ilustrativa en la demanda, pero luego no me entendieron todo lo que explicaba, porque son temas que están vinculados también con aspectos técnicos, científicos, de biología. Una formación sólida macro es muy importante.
Cuando uno va al tribunal espera que quien vaya a juzgar, a analizar un caso, tenga todos los conocimientos para hacerlo. El CGPJ no toma medidas...
La demanda entonces pasa porque los jueces, con conocimientos que hoy no tienen, tengan una mayor sensibilidad a estas reclamaciones.
Claro, que se conozcan y que también se entiendan las normas. Este no es un problema de falta de normas. La cuestión es cómo se aplican. Hay un déficit en la aplicación. A veces hay fallos en la aplicación y por eso es que se acude a los tribunales. Entonces es como el último recurso. Ahora bien, cuando uno va al tribunal espera que quien vaya a juzgar, a analizar un caso, que tenga todos los conocimientos para hacerlo. En otros países, si se está haciendo, sí hay capacitaciones. Nosotros en la jornada contamos con un representante, el director académico de la Escuela Judicial de Argentina. Nos contó de la Ley Yolanda(2020, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente en todos los cuerpos istrativos del Estado, incluyendo el Poder Judicial. También nos acompañó una persona de la Escuela de la Magistratura sa, que también está ofreciendo cursos en temas ambientales a los jueces. Aquí en España es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del que depende la Escuela Judicial. No se está tomando ninguna medida en esta dirección.
¿Ahí está el principal escollo?
Nosotros invitamos a representantes del CGPJ a la jornada y no vino nadie. Yo llevo hablando con muchos representantes del CGPJ a lo largo de 20 años y es que no acaba de haber los cambios necesarios. Un ejemplo: estamos próximos a una cumbre judicial iberoamericana en la que se postulan nuevos vocales para la Comisión de Justicia Medioambiental. No hay ningún candidato español. Hay candidatos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Panamá, de Perú, de República Dominicana. A otras comisiones sí se postulan candidatos españoles. No hay interés. La verdad es que estoy un poco agotada porque llevo 20 años hablando de esta necesidad, pero no encuentro eco.
¿A qué se debe este desinterés del Consejo General del Poder Judicial? ¿Responde a su línea conservadora?
No lo sé. Pero no quiero mezclarlo con temas ideológicos. Yo creo que es por falta de sensibilidad. Porque hay vocales conservadores y hay vocales no conservadores. La sensación es que no lo toman como un tema importante. Ojalá llegue en algún momento algún vocal que conozca estos temas, que tenga interés e impulse las capacitaciones. Yo no cejo en el intento.
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Lo llamativo es que en 2025, con impactos muy tangibles del cambio climático, la formación climática en el Poder Judicial sea nula.
Pero tampoco es algo nuevo por los impactos climáticos de la actualidad. En India, por ejemplo, hay un “green code” desde hace casi 25 años. En el año 2002, en la cumbre de Johannesburgo, hubo un encuentro de jueces para empezar a formarlos en temas ambientales. Esto lleva mucho recorrido, no es algo nuevo. Aquí en España estamos en pañales. En otros países, no. Entiendo que para cualquier cosa en la vida, da igual lo que hagas, tienes que conocer el tema. Es lo mismo que si tú metes a un traumatólogo de cirujano, pues no, ¿verdad? Lo mismo, cuando se ejerce la judicatura. Los temas los tienes que conocer un poco. Seguro que a las nuevas generaciones de jueces es un tema que les puede interesar.
No estoy a favor de ir a un museo y poner en riesgo el patrimonio histórico. Es muy importante llamar la atención, estoy de acuerdo. Pero hay límites
Además de la capacitación, ¿faltan instrumentos jurídicos para la protección del medio ambiente?
Tenemos una legislación muy profusa en temas de protección del medioambiente: de la naturaleza, de recursos hídricos, de protección de la capa de ozono, de lucha contra el cambio climático. Si se aplicara todo lo que tenemos ya, todo nuestro marco jurídico, la situación sería algo mejor. El Mar Menor es un ejemplo. Tiene más de 10 figuras de protección. ¿Qué ha pasado? No se ha aplicado bien este marco jurídico.
¿Qué tipo de reclamaciones están presentando los ciudadanos ante los tribunales en materia medioambiental? ¿Hay un incremento en los últimos años?
No tengo las estadísticas, pero sí que siento que en los últimos años se están incrementando los casos. En muchos casos se exige la acción gubernamental o del sector privado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se conoce como litigios climáticos. En otros, se denuncian la degradación de ecosistemas y la contaminación de áreas determinadas. Y en otros casos, de creciente actualidad, se denuncia el greenwashing o ecopostureo. En todos esos procesos, se espera una aplicación efectiva del amplio ordenamiento jurídico en esta materia y garantizar la tutela judicial.
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Parece un tema muy de nicho judicial, pero involucra a todos los ciudadanos.
Exacto. Por ejemplo, cuando se trata de casos de contaminación de industrias, si el juez está bien formado entenderá que está afectando la vida de determinado barrio, pueblo o ciudad y dictará un fallo en consecuencia. Está afectando a su salud. Entonces, ahí hay un beneficio social. Si no entiende bien el caso, el juez a lo mejor no va a fallar a favor de reducir la contaminación.
A quiénes sí le está cayendo todo el peso de la ley es a los ecologistas, científicos y activistas que con acciones de desobediencia civil piden acciones, y no promesas, para la mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Cómo analizas esta paradoja?
Hablamos siempre de derechos, pero también hay obligaciones. Un derecho siempre conlleva una obligación. Esto hay que combinarlo bien. Cuando a lo mejor una acción es excesiva o “radical” en muchos ciudadanos pueden causar rechazo. Tenemos que equilibrar para no vivir en un mundo de los blancos y negros, que es agotador.
¿No ves un ensañamiento judicial contra quienes reclaman en la calle ante la aceleración de la crisis climática?
Recientemente en Estados Unidos se ha condenado a Greenpeace a pagar una cantidad de millones de dólares en una demanda. No estoy de acuerdo. Sí te puedo decir que no estoy a favor de ir a un museo y poner en riesgo el patrimonio histórico. Es muy importante llamar la atención, coincidimos en esta necesidad. Pero también hay límites. Igual que quiero que se proteja el sistema climático quiero que se proteja el patrimonio histórico.